Moscoso Rendón Santistéban Asociados
Han pasado casi cinco meses desde aquel trece de marzo de 2020, día en que se anunciaba el primer caso de COVID-19 en el país.
Han pasado casi cinco meses desde aquel trece de marzo de 2020, día en que se anunciaba el primer caso de COVID-19 en el país, en el momento que fue anunciado, recuerdo claramente estar en audiencia de debate oral y público, mientras el presidente del tribunal nos relataba la noticia, terminaba con una frase: “seguramente, la próxima audiencia la tendremos desde la playa por videoconferencia”.
Fue un momento genuino de risa, así que con normalidad terminó de transcurrir la jornada, retornando en el camino a casa con la señal de radio en FM, aquella que tiene una sirena al fondo mientras dan la noticia, recordaba la última vez que la escuché, y fue una vez, casi al amanecer, cuando se anunció la renuncia del entonces “Señor Presidente Constitucional Otto Pérez Molina”; la radio anunciaba los mensajes presidenciales y las primeras medidas que tomaba el gobierno, lejos aún del cierre anunciado con posterioridad; nosotros aún, con incredulidad esperábamos la justicia no se detuviera, por ser esencial en un país como el nuestro, tan lleno de injusticias como de personas.
Han pasado casi cinco meses desde aquel anuncio del primer caso sospechoso, confirmado días después, hoy, según lo informado por las autoridades nacionales antes de las 18:23 CET 30 de julio de 2020, nos encontramos ante total (nuevos) casos en las últimas 24 horas en Guatemala 46451 confirmados (1392), 1782 muertes (21), y aunque no son solo números, son vidas, historias completas, el caos parece que está empezando a mermar, miles de despidos se consolidaron en meses anteriores, cientos de negocios de emprendimiento salieron a luz, pero miles de pequeños negocios cerraron, medianos y grandes empresarios desalojaron oficinas, suspendieron empleados y solicitaron subsidios del Estado para pagar las planillas.
La justicia (del latín iustitĭa, que, a su vez, viene de ius —derecho— y significa en su acepción propia «lo justo»; aquel concepto que nos comparten desde la aulas como “darle a cada quien lo que merece” y que, al paso de la experiencia nos damos cuenta que la justicia en este país, se le olvido acelerar para que la concepción de lo “justo” llegue en vida y no en la otra vida, pues, se estima que se han suspendido en los casi cinco meses, alrededor de 57 000 audiencias[1], empezando a programar audiencias para el año 2023, tanto en materia penal, civil y laboral; claro que hay ciertas excepciones, como juzgados en cada una de las competencias, que tienen permitido atender asuntos constitucionales y aquellos que consideren urgentes, por lo que nos ha llevado a preguntar: ¿qué es urgente en la justicia? Acaso, un permiso para salir del país por motivos laborales; el levantamiento de un embargo; la interposición de una demanda de cobro de rentas atrasadas; o la continuidad[2] de un juicio oral y público, está uno o dos escalones por debajo de lo urgente; y es que no creo que al cliente le moleste en lo absoluto que las audiencias se desarrollaran por videoconferencias, porque lo que necesitamos es un país justo, que se continúe con el desarrollo de los procesos y que se garanticen los derechos de todos los ciudadanos.
No importa si es desde la casa, oficina o incluso en la playa, la justicia debe ser pronta y cumplida.
